STEDH (Estrasburgo) 15 febrero 2024

[INTERNACIONAL] Tribunal Europeo de Derecho Humanos: STEDH, 15 de febrero 2024 (Asunto: Jarre c Francia)

¿Vulneración de la “reserva hereditaria” francesa (legítima) por medio de un “trust” californiano?

VINCENZO BARBA

Universidad Roma-La Sapienza

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO: EL CASO JARRE Y LAS DECISIONES DE LA CORTE DE CASACIÓN FRANCESA Y DEL TEDH.

El caso Jarre c. Francia se refiere a Jean-Michel Jarre, hijo del célebre compositor Maurice Jarre, y su batalla judicial para conseguir una parte de la herencia paterna. Maurice Jarre, fallecido en 2009 en California, donde había vivido durante casi 50 años, dejó todo su patrimonio en un trust bajo la ley californiana a beneficio de su última esposa y con la disposición expresa de no dejar nada a los hijos nacidos de matrimonios anteriores. Jean-Michel Jarre impugnó está disposición testamentaria, argumentando que violaba el principio de la "reserva hereditaria" previsto por el Derecho civil francés, que garantiza a los hijos la legítima.

Los tribunales franceses, incluida la Corte de Casación, que resolvió con la sentencia n. 1005 del 27 de septiembre de 2017, rechazaron sus demandas, afirmando la validez del trust californiano y, en general, afirmaron que la sucesión de Maurice Jarre debía ser regulada por el derecho de California, su último lugar de residencia.

Jean-Michel Jarre presentó entonces un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que las decisiones de los tribunales franceses violaban sus derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y el artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de la propiedad).

El TEDH, en la sentencia del 15 de febrero de 2024, rechazó el recurso, declarando que el concepto de "reserva hereditaria" no constituye un derecho protegido por la Convención. El Tribunal estableció que el artículo 1 del Protocolo No. 1 no garantiza un derecho específico a la herencia, sino que protege el derecho a disfrutar pacíficamente de los propios bienes. El trust californiano y la disposición testamentaria de Maurice Jarre, aunque excluía a los hijos, eran conformes a la legislación francesa y no constituían una violación del derecho de propiedad.

Además, el Tribunal concluyó que el artículo 8 del TEDH no impone un estándar específico sobre cómo deben ser distribuidos los bienes familiares después de la muerte. La elección de Maurice Jarre de desheredar a sus hijos fue una decisión personal y legítima en el contexto del derecho francés y no interfería con el derecho a la vida familiar de los recurrentes. El TEDH aclaró que la "reserva hereditaria", aunque es una característica distintiva del Derecho civil francés, no se considera un derecho humano protegido por la Convención Europea. Esta decisión reafirma el principio de que la Convención no impone normas específicas sobre la distribución de las herencias, dejando tal materia a la discreción de las legislaciones nacionales.

El Tribunal también subrayó que el Derecho francés ofrece suficientes garantías y medios de recurso para impugnar las disposiciones testamentarias y que Jean-Michel Jarre tuvo acceso a un proceso justo a través del sistema judicial francés. Por lo tanto, no hubo ninguna violación de los derechos procedimentales de los recurrentes.

La sentencia del TEDH tiene importantes implicaciones para el Derecho sucesorio en Europa, reafirmando el respeto a las disposiciones testamentarias y la soberanía del Derecho nacional en materia sucesoria.

Al margen de las especificidades del caso decidido por la Corte francesa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así como del problema concreto relacionado con el artículo 913 del Código Civil francés y la Ley del 24 de agosto de 2021, el objetivo de este análisis es verificar cuál habría sido la solución jurídica si la nacionalidad de Jarre hubiera sido italiana, el hijo hubiera sido italiano y la "sociedad civil inmobiliaria" propietaria de los inmuebles reclamados como legítima por el hijo se hubiera encontrado en Italia.

II. ¿CUÁL HUBIERA SIDO LA SOLUCIÓN SI EL CASO JARRE HUBIERA TENIDO QUE DECIDIRSE EVALUANDO LA LEGITIMIDAD DEL TRUST CALIFORNIANO SEGÚN LA LEY ITALIANA?

Supongamos que Jarre, a pesar de vivir en California durante cincuenta años, fuera ciudadano italiano; que sus hijos, también ciudadanos italianos, residieran en Italia; y que la sociedad propietaria de los inmuebles fuera italiana, con los bienes situados en Italia.

Obviamente, al igual que en el caso concreto en que los elementos de extranjería afectan al Derecho francés, también en este ejemplo hipotético surgiría una cuestión de Derecho internacional privado, necesitando establecer qué normativa jurídica debe aplicarse. Una vez identificada dicha normativa, se debería verificar si puede aplicarse o debe excluirse por contrariedad al orden público internacional o a normas de aplicación necesaria.

En este experimento hipotético, es importante hacer una primera distinción. Si consideramos el caso en su dimensión histórica concreta, la norma de derecho internacional privado aplicable sería la ley italiana 218/1995, vigente en el momento de la apertura de la sucesión.

Sin embargo, para explorar más, imaginemos que la sucesión se hubiera abierto posteriormente a la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre sucesiones n. 650/2012, ocurrida el 17 de agosto de 2015.

2.1. Aplicación de la Ley 218/1995.

En caso de que se debiera aplicar la ley italiana n. 218 de 1995, se debería hacer referencia al artículo 46 de dicha ley, que establece que la sucesión por causa de muerte se rige por la ley nacional del fallecido en el momento del deceso. Sin embargo, existe una excepción significativa a esta regla: si el fallecido, con una declaración expresa, ha elegido someter toda la sucesión a la ley del Estado en el que residía, dicha ley prevalece. Este principio representa un punto crucial en el Derecho internacional privado, ya que ofrece al causante cierta autonomía en la elección de la ley aplicable a su propia sucesión, permitiendo tener en cuenta las circunstancias personales y los vínculos efectivos con un determinado ordenamiento jurídico.

En el caso específico de Jarre, si no hubiera realizado la llamada expressio iuris, es decir, no hubiera declarado que su sucesión debía regirse por la ley californiana, se debería haber aplicado la ley italiana. En consecuencia, habría sido necesario reconocer a los legitimarios de Jarre el derecho a la legítima.

Aplicando la ley italiana, habría sido, por tanto, inevitable proceder a la reducción del trust para garantizar la asignación de la legítima al hijo que ha actuado en reducción. Se trata luego de establecer si y en qué medida es posible una reducción del trust.

Si, en cambio, como se puede imaginar, Jarre hubiera expresamente sometido su sucesión a la ley del Estado de residencia, en este caso la ley californiana, su sucesión habría sido íntegramente regulada por esta última. La ley californiana, como muchas leyes de los Estados Unidos, tiende a reconocer una mayor autonomía testamentaria en comparación con la italiana, permitiendo, en muchos casos, la posibilidad de desheredar a los descendientes.

Tal escenario habría planteado un problema de Derecho internacional privado, referente a la posibilidad de aplicar concretamente la ley californiana o si esta era contraria al orden público internacional.

Partiendo del supuesto de que la tutela de los legitimarios no constituye un principio de orden público internacional, se derivaría la posibilidad de aplicar la ley californiana, aunque esta no prevea una tutela a favor de los legitimarios. Esta conclusión se basa en la interpretación prevalente en el Derecho internacional privado italiano, según la cual la tutela de los legitimarios, aunque sea un principio importante del derecho sucesorio interno, no alcanza el nivel de principio fundamental como para ser considerado parte del orden público internacional. Sin embargo, este resultado no puede considerarse definitivo, ya que el artículo 46 de la ley n. 218 de 1995 establece en su último párrafo que, en el caso de sucesión de un ciudadano italiano, la elección de una ley diferente no perjudica los derechos que la ley italiana atribuye a los legitimarios residentes en Italia al momento del deceso del fallecido.

Esta norma introduce una excepción relevante a la regla general, previendo que, independientemente de la cuestión del orden público internacional y del hecho de considerar la tutela de los legitimarios como una disciplina de orden público internacional, la elección de una ley diferente de la italiana, en el caso de un ciudadano italiano, no puede perjudicar los derechos de los legitimarios residentes en Italia al momento de la muerte del causante.

Esto significa que, aunque el fallecido haya elegido aplicar una ley extranjera a su propia sucesión, los legitimarios residentes en Italia pueden de todos modos hacer valer sus derechos a la legítima, según lo establecido por la ley italiana.

En consecuencia, si se hubiera tenido que aplicar la ley n. 218 de 1995 al caso en cuestión, la consecuencia inevitable habría sido que el hijo de Jarre habría tenido derecho a su cuota de legítima y, por lo tanto, habría podido actuar en reducción también frente al trust.

La normativa italiana de Derecho internacional privado, contenida en el art. 46 L. 218/1995, aunque permite cierta flexibilidad y reconoce la posibilidad para el causante de elegir la ley aplicable a su propia sucesión, prevé sin embargo una salvaguarda específica a favor de los legitimarios residentes en Italia. Esta previsión normativa subraya la importancia atribuida por el legislador italiano a la tutela de los legitimarios, reflejando un equilibrio entre la autonomía privada y la protección de los derechos de los herederos más cercanos.

2.2. Aplicación del Reglamento de Sucesiones de la UE n. 650/2012.

La solución del caso habría sido completamente diferente si la sucesión de Jarre, imaginando que se trata de un ciudadano italiano, se hubiera abierto posteriormente al 17 de agosto de 2015, fecha en la que empezó a ser aplicable el Reglamento UE 650/2012 en materia de sucesiones. Este Reglamento introdujo cambios radicales en las normas de Derecho internacional privado, alterando en parte la lógica de la anterior Ley 218/1995.

Sin entrar en las delicadas cuestiones relacionadas con la ley aplicable a los actos inter vivos o de última voluntad que pueden ser relevantes para la sucesión, el Reglamento establece, en su artículo 21, que la ley aplicable a la sucesión es la de la residencia habitual del fallecido, a menos que este último haya declarado expresamente, según el artículo 22, su voluntad de someter su sucesión a la ley nacional.

El Reglamento UE 650/2012, al introducir el criterio de la residencia habitual como principal criterio de conexión, trató de simplificar y armonizar las normas aplicables a las sucesiones internacionales, pero también ha generado nuevas complejidades, especialmente cuando las leyes nacionales implicadas presentan diferencias sustanciales.

Si, por tanto, se hubiera aplicado el Reglamento 650/2012, sería presumible que la sucesión de Jarre debiera someterse a la ley californiana, la cual, como es sabido, no prevé una protección sustancial a favor de los herederos forzosos.

En este escenario, sería inevitable plantear la cuestión, en virtud del artículo 35 del Reglamento, de si la aplicación de la ley californiana, en la medida en que no prevé protección para los herederos forzosos, debería considerarse contraria al orden público.

Considerando la orientación predominante en la doctrina y la jurisprudencia, que excluye que la normativa de protección de los herederos forzosos deba considerarse de orden público internacional, se derivaría que la sucesión de Jarre podría ser regulada enteramente por la ley californiana y el hijo, aunque privado de su legítima, no podría reclamarla ni interponer una acción de reducción.

Por tanto, si se hubiera aplicado el Reglamento UE 650/2012, nos habríamos encontrado ante un resultado exactamente opuesto al previsto por la Ley 218/1995.

Una cuestión final merece ser profundizada.

El Reglamento UE 650/2012 representa un punto de inflexión significativo en el Derecho internacional privado de las sucesiones. Al cambiar el criterio de conexión de la nacionalidad a la residencia habitual, introduce un cambio de paradigma que afecta profundamente la determinación de la ley aplicable

Sin embargo, la innovación traída por el Reglamento plantea interrogantes sobre la aplicabilidad de ciertas disposiciones de la ley italiana, en particular del artículo 46 de la Ley 218/1995.

En primer lugar, debe observarse que el artículo 46, apartado 2, de la ley del 31 de mayo de 1995 debe considerarse formalmente derogado por el Reglamento UE 650/2012, ya que la nueva normativa regula exactamente todas las situaciones que originalmente estaban reguladas por el art. 46, apartado 2, de la Ley 218/1995, que sigue siendo efectivo solo para aquellas sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento UE.

La observación de que el art. 46.2 de la Ley 218/1995 debe considerarse inaplicable a todas las sucesiones sujetas a la normativa del nuevo Reglamento no resuelve definitivamente el problema de si el límite originalmente previsto por el art. 46.2 de la Ley 218/1995 puede tener alguna eficacia.

Sería superficial limitarse a observar que la jurisprudencia de la Corte de Casación y gran parte de la doctrina han excluido que la protección de los herederos forzosos constituya un principio de orden público internacional, sin tener en cuenta que dicha afirmación, durante la vigencia de la Ley 218/1995, no impedía la aplicación de la normativa sucesoria de los herederos forzosos, incluso si no se consideraba de orden público internacional, precisamente en virtud del artículo 46, apartado 2, de la misma ley.

Además, no se puede descartar que el art. 46.2 de la Ley 218/1995 fuera una verdadera cláusula de orden público especial, con la consecuencia de que su eliminación formal no signifique que la cuestión no tenga razón para plantearse, ya que su función debería ser absorbida directamente por el orden público general.

En conclusión, aunque el artículo 46, apartado 2, de la Ley 218/1995 ya no esté vigente, la excepción de orden público prevista por el artículo 35 del Reglamento UE 650/2012 podría ser invocada para proteger los derechos de los herederos forzosos italianos residentes en Italia, por lo que ha sido necesario analizar con la máxima cautela esta cuestión.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se limitó a excluir que la protección de los herederos forzosos sea parte de los derechos humanos, pero ciertamente no ayuda mucho para determinar si la protección de los herederos forzosos debe considerarse o no una cláusula de orden público, especialmente teniendo en cuenta la difícil gestación del Reglamento en materia de legítima.

En definitiva, la cuestión no es en absoluto simple y no puede resolverse de manera apresurada y superficial diciendo que el art. 46.2 de la Ley 218/1995 ha sido derogado y que la jurisprudencia italiana antes de su derogación sostuvo que la legítima no constituye un principio de orden público general. La cuestión merece una reflexión mucho más amplia y profunda, también a la luz del nuevo marco normativo.

III. CONCLUSIONES.

Imaginando el caso Jarre bajo el Derecho italiano, si Jarre hubiera sido ciudadano italiano residente en California durante cincuenta años, y sus hijos residieran en Italia con bienes inmuebles italianos, surgirían cuestiones de Derecho internacional privado. Se debería determinar qué normativa jurídica aplicar. Hay que imaginar dos hipótesis: a) que la sucesión se hubiera abierto antes del 17 de agosto de 2015, fecha de entrada en vigor del Reglamento UE 650/2012, con la consecuencia de que las normas de Derecho internacional privado aplicables serían las de la Ley 218/1995; b) que la sucesión se hubiera abierto después del 17 de agosto de 2015, y por lo tanto la normativa aplicable sería la del Reglamento UE 650/2012.

La ley italiana n. 218 de 1995 establece que la sucesión se rige por la ley nacional del fallecido en el momento de la muerte, a menos que el fallecido haya elegido la ley del Estado de residencia. En el caso de Jean-Michel Jarre, si no hubiera elegido la ley californiana, se aplicaría la ley italiana, garantizando a los legitimarios la cuota de legítima. Incluso si hubiera elegido la ley californiana, la ley italiana (art. 46.2 L. 218/1995) protege, de todos modos, los derechos de los legitimarios residentes en Italia.

Antes del 17 de agosto de 2015, la sucesión de Jarre estaría regulada por el art. 46 de la ley italiana n. 218/1995. Incluso si Jarre hubiera elegido la ley californiana, el hijo tendría derecho a la legítima, permitiéndole solicitar la reducción del trust.

La reducción debería dirigirse contra el beneficiario final, no contra el fiduciario. El beneficiario tiene un derecho de crédito, y el legitimario perjudicado puede actuar para reducir el acto lesivo. La protección del legitimario está garantizada, incluso si el programa fiduciario no está completado, con la adquisición del derecho de crédito al vencimiento del plazo.

La sucesión de Jarre, si se abriera después del 17 de agosto de 2015, estaría regulada por el Reglamento UE 650/2012, que ha revolucionado las normas internacionales sobre sucesiones. Este Reglamento establece que la ley aplicable es la de la residencia habitual del fallecido, salvo indicación contraria del mismo. Por lo tanto, la sucesión de Jarre, residente en California, estaría sujeta a la ley californiana, que no prevé protecciones para los legitimarios. La cuestión del orden público sería relevante, pero la doctrina prevalente no considera la protección de los legitimarios un principio de orden público internacional. Así, el hijo de Jarre no podría reclamar la legítima. El caso destaca la importancia de comprender las implicaciones del Reglamento UE 650/2012 en las sucesiones internacionales.

Aunque formalmente derogada, la norma del art. 46.2 L. 218/1995 podría influir en el concepto de orden público internacional, imponiendo un cambio en la posición original. Aunque dicha reconstrucción es plausible, resulta difícil de argumentar en términos de no discriminación por nacionalidad, de acuerdo con el art. 21.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y, por lo tanto, difícil de aceptar, aunque no se debe olvidar que podrían surgir problemas en el caso de legitimarios pertenecientes a grupos especialmente vulnerables, como personas en la infancia y adolescencia, un tema ampliamente desarrollado en Alemania, o personas con discapacidades.

en preparación...

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